El reanálisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió a la Fiscalía General de la República identificar a 17 personas que no habían sido investigadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el gobierno federal el 28 de septiembre de 2026, a 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, detalló que el cruce de decenas de miles de llamadas de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 permitió reconstruir contactos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y particulares, según el reporte de Infobae. El rastreo fue posible porque los teléfonos de los estudiantes se usaron después de la desaparición.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el informe como «muy relevante» y acotó el alcance de la prueba: «no es suficiente prueba la llamada telefónica para poder detener a las personas». La Jornada reportó que una de las líneas apunta a una red de funerarias y al Servicio Médico Forense de Iguala, con siete personas vinculadas a proceso.
Uno TV recogió la postura de Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quien pidió cautela antes de vincular restos óseos con los normalistas y planteó que los nuevos análisis deben «sumar información y profundizar las líneas existentes».
Las autoridades reportaron más de 100 fragmentos óseos y prótesis dentales bajo análisis, con acompañamiento del Equipo Argentino de Antropología Forense, y confirmaron que los restos no han dado positivo con los estudiantes. En paralelo, la Fiscalía investiga la posibilidad de que alrededor de 17 estudiantes hayan pasado por la comandancia municipal de Iguala la noche de su desaparición, hipótesis sostenida por siete declaraciones.
Lo que sigue es técnico: los estudios genéticos en curso sobre los restos que permanecen en resguardo y el desahogo de la línea de la comandancia municipal, que la Fiscalía mantiene como prioritaria. La investigación continúa abierta hasta localizar a los 43, según el gobierno federal.
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