La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó el 26 de agosto de 2026 a 17 comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, y ordenó a la Comisión Nacional del Agua mantener un monitoreo permanente de la calidad del agua en la región, donde se han detectado plaguicidas altamente peligrosos. El fallo se aprobó por unanimidad en el Pleno y revocó la negativa que el Juzgado Primero de Distrito en Campeche dictó en junio de 2024.
El litigio comenzó en diciembre de 2020, cuando el Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental promovieron un amparo indirecto. La Corte atrajo el caso en mayo de 2025 y el proyecto fue de la ministra María Estela Ríos González. Según La Jornada, el tribunal concluyó que el juez de distrito trasladó indebidamente la carga de la prueba a las comunidades indígenas y aplicó los principios de precaución e in dubio pro natura: la falta de certeza científica absoluta no puede retrasar medidas de protección ante un riesgo posible. El criterio pesa más allá de Hopelchén porque fija cómo deben resolverse los conflictos por agroquímicos en zonas de producción intensiva.
La sentencia reparte obligaciones. A la Conagua le toca estudiar la presencia de glifosato, vigilar la calidad del agua y publicar resultados. A la Semarnat, impulsar un sistema de información ambiental y acciones para garantizar agua suficiente y salubre. A la Cofepris, la regulación y la vigilancia sanitaria de plaguicidas en coordinación con el gobierno de Campeche, y al Ayuntamiento de Hopelchén, fortalecer sus mecanismos de protección ambiental. En el expediente se documentaron indicios de glifosato en 20 pozos de siete comunidades. «Se insistió bastante en que los efectos no sólo se quedaran en el glifosato, sino en 54 sustancias más que también son plaguicidas altamente peligrosos y que se encuentran presentes en el agua de Hopelchén», dijo Itzel Arteaga, representante del Cemda, en declaraciones retomadas por Tribuna Campeche.
El cumplimiento queda pendiente. La sentencia sigue en engrosamiento y el Cemda pidió que las autoridades involucradas la acaten de forma íntegra y en un plazo razonable, según Quadratín Yucatán. La vigilancia ordenada cubre todos los plaguicidas detectados en la región, no sólo el glifosato, y los resultados deberán ser públicos.
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